En Oaxaca, los apellidos vuelven a llamar la atención. La magistrada Erika María Rodríguez, quien actualmente ocupa de manera interina la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, impulsa una propuesta para aplazar la elección judicial prevista para 2027.
Según su argumento, la medida busca evitar la “politización”, pues considera que empatar la elección judicial con los comicios de alcaldías y diputaciones podría representar un riesgo y generar confusión entre el electorado.
Aunque la propuesta parece noble al plantearse como una forma de evitar que las y los ciudadanos se confundan al votar, la realidad es que detrás de ese planteamiento está la posibilidad de prolongar el control sobre un poder que maneja más de mil 142 millones de pesos anuales.
A esto se suma su relación familiar con el fiscal Bernardo Rodríguez Alamilla, aunque no constituye delito, sí genera dudas en medio de decisiones que impactan directamente en el equilibrio de poderes.
